Santiago. A cuatro años del estallido social del 18 de octubre de 2019 (18-O) en Chile, las secuelas del agotado régimen neoliberal y la consecuente insatisfacción de las personas siguen intactas, sin reforma correctiva alguna, e incluso tal vez agravados por las secuelas que dejó la pandemia y la frustrante inoperancia de la política.
El cuasi logro que dejó aquel momento, cuando millones de personas se manifestaron de manera pacífica durante varios meses –hubo también violencia extrema, por ejemplo, la quema y/o vandalización de más de 40 estaciones del Metro de Santiago–, fue una Constituyente imposible de concebir durante años, arrancado desde la calle a la desprestigiada y apanicada élite política, proceso que para estudio de las ciencias sociales fracasó en septiembre de 2022, cuando el radical texto propuesto fue rechazado por 60 por ciento de los votantes.
Aquella Convención Constitucional fue víctima de quienes no supieron conducirla, del arrebato refundacional que la caracterizó y, desde luego, de la propaganda derechista que machacó en reivindicar el individualismo neoliberal y las tradiciones patrias, muy asentadas en la sociedad chilena.
Dominada sin contrapeso por una mayoría de delegados independientes, las izquierdas y representantes indígenas, aquella Convención se consumió a sí misma por sus ambiciones generales maximalistas, también por las aspiraciones de minimalismos ahí representados (animalistas, conservacionistas, ambientalistas, feministas, diversidades sexuales, indigenistas, etcétera) y la aparente ausencia de una visión colectiva del país.
Contra aquello, bastó que la campaña conservadora se centrara en cultivar miedos, xenofobia, racismo y un nacionalismo contumaz.
Pero siempre puede ser peor, porque si hace poco tiempo atrás se presagiaba que la Constitución de 1980, manifiesto de la dictadura de Augusto Pinochet, sería remplazada por una garantista de derechos sociales, y que eso traería sucesivamente la deconstrucción del neoliberalismo; ese vaticinio ese convirtió en pesadilla. Porque el país se metió de inmediato, con ausencia de visión de la izquierda recién apabullada, en una segunda Constituyente que, a contrapelo de lo previo, esta vez resultó dominada a placer por los ultraconservadores republicanos, que no sólo no ocultan su idolatría al dictador, sino que hacen ostentación de valores retrógrados, tanto como que impulsan retrotraer conquistas sociales. A ésta se plegó casi sin distinción aquella derecha histórica que acuerpó el golpe de 1973 y los 17 años de Pinochet.
Entre ambas están cerca de aprobar un texto que reafirma el neoliberalismo subsidiario vigente y que lo enraiza aún más al instalar, por la vía del quorum legislativo, candados complejos de descerrajar para modificarlo.
La propuesta final será entregada el 7 de noviembre y se llevará a plebliscito un mes después. Y si bien las encuestas muestran que el “en contra” tiene un apoyo mayoritario –57 por ciento frente a 23 del “a favor” y 23 por ciento indeciso–, nada está resuelto, la derecha apenas pone en marcha su aparato propagandístico.
Otro dato: un estudio de la Universidad Diego Portales dice que 32.6 por ciento considera este proceso peor que el anterior, mientras 29.3 lo cree mejor, cifras que según los autores del informe mostrarían polarización, demanda de acuerdos y un voto de castigo.
El saldo del 18-O
El 18-O se saldó con 34 muertos reconocidos de manera oficial, 11 mil heridos, 3 mil 500 de ellos hospitalizados y unos 400 mutilados en rostros y ojos por disparos de escopetas estatales. Todos, víctimas de la represión policiaca y militar respaldada por el presidente derechista Sebastián Piñera, quien achacó la crisis a una conspiración extranjera afirmando que “estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin límite”.
Sólo el covid-19 y el encierro social durante dos años, desde marzo de 2020, parecen haber evitado su caída, porque las protestas ya recrudecían cuando llegó la pandemia. Dato de la causa, recientemente Piñera dijo que aquello se trató de “un golpe de Estado no convencional”.
Están documentadas por órganos locales e internacionales, las flagrantes violaciones a los derechos humanos que se cometieron en aquellos días de furia, alegrías y esperanzas.
Fracaso de la política
La ineficacia de la política acongoja y enfurece a la población. Hace 15 años, por ejemplo, que se reconoce la urgencia de modificar el régimen de pensiones, basado sólo en el ahorro individual, sin aporte patronal, y que no posee ninguna característica de solidaridad intergeneracional.
Hay consenso en que la cotización de 10 por ciento de la remuneración mensual es insuficiente y debe incrementarse en al menos seis puntos, los cuales no provendrán de los asalariados, sino de los empleadores. Pero izquierdas y derechas no concuerdan a dónde debe ir a parar ese adicional, si a cuentas individuales o un fondo colectivo de reparto. Y si en algún momento hubo disposición a dividirlo en partes iguales, la derecha ahora no transa en que la totalidad vaya a capitalización individual.
Si así llegara a suceder, Chile no sólo no remplazaría el régimen previsional fracasado –paga pensiones que en promedio no superan 240 dólares mensuales, inferiores al sueldo mínimo vigente (unos 520 dólares)–, sino que estaría profundizándolo.
Y así los ejemplos se multiplican: no hay cambios ni en el sistema de salud, ni el tributario, ni en el mínimo de pensiones que paga el Estado a ancianos y personas precarias. Y todo sigue igual y se acumula la frustración.
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