Un deseo, demanda y esperanza que se escucha entre diversos sectores del activismo social es el de una Ley de medios. Una vieja reivindicación que ahora ven posible de materializar aprovechando la apertura dispuesta por el gobierno del cambio.
Una aspiración que en el fondo está empujada por el deseo de la “democratización” de la pauta. Es conocido que todas las experiencias comunicativas de base viven al día, del rebusque, y que la pauta oficial los arrope se traduciría en energía para continuar y mejorar en su labor.
Sin embargo una Ley de medios implica mucho más imperativos, algunos de ellos transcendentales para que el país todo –y no solo los medios de comunicación– goce y se apropie de todo lo que implican las comunicaciones.
En el retrovisor
Como es conocido, por lo menos desde hace cuatro siglos la comunicación se erigió en factor de primer orden para los cuerpos sociales, en primer instancia para los europeos que vieron surgir la imprenta, cuyo impacto los conmocionó. No era para menos, con ella el monopolio que sobre la escritura y la lectura tenían la Iglesia y la nobleza empezó a resquebrajarse. Sin esa nueva realidad Lutero y su sisma no hubieran tomado cuerpo. Tampoco, años después, ese inmenso fenómeno conocido como La Ilustración, pulmón sustancial para que tomara cuerpo la misma Revolución Francesa. Y en nuestro caso la misma independencia del imperio español en cuyos antecedentes reposa la traducción y publicación por Antonio Nariño de los Derechos del hombre y del ciudadano.
Aquella comunicación estaba circunscrita a lo escrito, dando paso décadas después a los periódicos, con lo que toman forma los medios de comunicación. Impresos que en su primera y extendida época estuvieron marcados por una inocultable carga ideológica en tanto eran expresión directa de partidos del más diverso color y tinte.
Para 1876 el invento del teléfono permite comunicar a dos personas a la distancia. Si bien este avance no lo asumen muchos como medio masivo de comunicación, si tiene un carácter puntual entre los mismos. Un avance que luego se masifica por la inversión que en ello hacen los Estados. Algo que no debe olvidarse.
Una década después (1887) el espectro comunicativo se amplia con la radio, cuyo impacto sobre los cuerpos sociales fue inmenso toda vez que para acceder a la misma ya no era indispensable ser letrado y cualquiera podía sintonizar las ondas. Por entonces, y durante décadas, el único inconveniente era la capacidad económica para adquirir uno de aquellos aparatos, lejos en tamaño de los portátiles que luego conocimos. Pero una vez resueltos temas técnicos los tamaños de los transmisores se fueron reduciendo, sus costos bajando y con ello fue posible su masificación. Llegaría el momento que en cada hogar había una radio por habitante.
El impacto de este nuevo factor comunicativo, como puede deducirse, fue grande y su sola incidencia en la educación, por solo colocar un ejemplo, da cuenta del tamaño de su significación. Sutatenza para nuestro caso es un ejemplo inolvidable.
Con prensa escrita y radio en pleno furor la disputa por la opinión pública ganaba cada vez más espacio. La telefonía lograba cada día mayor extensión, y sus efectos no eran desdeñables. Por ejemplo, la emergencia de los corresponsales, la transmisión al día de distintos sucesos, no hubiera sido posible sin este avance.
Unas pocas décadas pasaron para que –como un desarrollo de lo que fue en sus inicios el cine– el escrito y el audio fueran complementados por la imagen. Tomó forma la televisión. Tras unas décadas de desarrollo deja de ser una posibilidad reducida a las familias más pudientes –cómo ya había sucedido con la radio– para tornarse en el centro del compartir sueños, deseos y deleites en los hogares. La pantalla estaba empotrada en el corazón del hogar, en muchos junto al comedor. Ahora no solo la opinión pública estaba en el centro de la disputa entre quienes aspiraban al control del Estado y de la cosa pública, sino también la cultura, en todo el significado de la palabra.
La emergencia de la síntesis
Tras el avance de la cohetería y otros medios tecnológicos, los imperios concentran parte de su disputa por el control del mundo en la exploración del espacio. Unas pocas décadas pasaron para que algunos de sus frutos potenciados por la colonización espacial con cientos de satélites se tradujeran en las redes sociales, previo a lo cual la Internet (1982/89) conjugó en un solo aparato –computador– y de manera interactiva texto (máquina de escribir), voz (radio) e imagen (televisión), y el teléfono que parecía no hacer parte de esta revisión del proceso comunicativo.
Un suceso que impacta en todas sus coordenadas a la sociedad: en sus formas de comunicarse, de hacer política, de producir, de organizarse, de mercadear, etcétera. Y en ello, de forma notable, que transforma la manera de ser y hacer de la comunicación.
Un impacto en el cual las comunicaciones pasan a ocupar un lugar de privilegio en la totalidad del tejido social en tanto ahora cada personas es en potencia un transmisor, un productor y un medio de comunicación. ¿Es consciente la gente del potencial que carga en un teléfono celular, mucho más si es un teléfono inteligente? ¿Cómo proceder desde los medios alternativos para estimular tales posibilidades y potenciar una comunidad que supere el consumismo y se asuma como sujeto activo del devenir cotidiano?
Un reto inmenso que supera a cada quien como experiencia informativa. Pero si tomamos en cuenta que ahora emisor y transmisor se conjugan en un solo canal, ¿cómo tomar en cuenta y aprovechar este potencial para hacer de los medios alternativos un verdadero baluarte comunicativo con posibilidades, además, de disputarle –así sea en pequeño porcentaje– a los grandes grupos mediáticos, algunos de ellos monopólicos, la opinión pública?
El interrogante no es sencillo en su abordaje, pero es un aspecto sustancial que debe ser aclarado para que una Ley de medios realmente integradora y democratizadora de la sociedad abra posibilidades para una transformación de lo que hasta ahora caracteriza a la comunicación en una sociedad como la colombina.
Para que así sea la misma debe retomar, valorar y potenciar el espectro electromagnético del país en toda su importancia, al tiempo que garantizar que lo público asegure el acceso de todas y todos a la internet como una red que posibilita nuestra información, comunicación e interrelacionamiento. Sin acceso, por ejemplo, al Wifi como servicio prestado sin costo alguno por partes del Estado, acceso hasta ahora negado a millones de empobrecidos, no hay democracia real en el mundo que vivimos.
Política pública que debe ampliarse a la reestatización de la empresa nacional de telecomunicaciones, ampliándola en sus funciones y asumir, más allá de prestar el servicio de telefonía fija y móvil, Internet, y todo lo a ella asociado, la misión de liderar la investigación y producción, en conjunto con el ministerio de ciencia y tecnología, de software de punta, así como todo lo pertinente con política aeroespacial, con el propósito de producir satélites y colocarlos en órbita, reto inaplazable si en algún momento se piensa en ganar soberanía en política de comunicaciones y con ella buscar en todo momento garantizar plena soberanía nacional, así como el derecho a la privacidad de todos y todas ahora negado por las multinacionales del acrónimo Gafa y otras más. Un esfuerzo que nos supera en los retos que implica y por lo cual nos coloca ante el propósito de buscar y liderar en este campo la construcción de una alianza de países de Nuestra América. Países de la región ya tienen avances en ello.
Todo un esfuerzo de largo plazo que debe estar ligado a lo común, para así superar el concepto tradicional de lo estatal y público, como antes y hasta ahora se entendía –y se entiende– y por lo cual las gentes ven en esas empresas e instituciones focos de corrupción. Empresas y proyectos ligados y con garantía de participación, vigilancia y control de la comunidad, especializada en estos temas y sin experticia en ellos. No actuar así es negar y negarse a comprender y emprende los retos que de ello se desprenden, las lecciones dejadas por la pandemia del covid-19 y por la guerra Rusia-Ucrania aún en curso, y el ‘ascenso a los extremos’ –según el decir de Clausewitz–, entre imperios y potencias. con todas lecciones que en comunicación dejó la primera y las que en igual campo está dejando la segunda.
Una demanda que implica que aún existiendo la oferta privada, esta no monopolice ni determine el potencial comunicativo de comunidad alguna, al tiempo que lo público amplía su servicio garantizando el acceso de todas y todos a la internet, integrando al proceso escolar el estudio, conocimiento e investigación de las nuevas tecnologías e, incluso, de todo lo que tiene que ver con Inteligencia Artificial, para así propiciar que cada quien no solo consuma tecnología e información sino que comprenda y pueda intervenir en el desarrollo de todo aquello que esto implica.
Para lo cual es indispensable, y ello debe estar presente en la Ley de medios, que el conocimiento es un bien de la humanidad, que todos debemos acceder al saber, y que cultivarlo es responsabilidad del conjunto que somos. Y con ello que el software sea de código abierto, recuperando así el sentido original con que surgió la Internet.
Un proceso en el que el Estado debe garantizar la dedicación de recursos y de instituciones a la investigación de punta en estos ramos, para de esa manera desprenderse de la dependencia que mantiene de grupos monopólicos como Microsoft, Apple y otros.
Recursos al mismo tiempo dedicados, y esto como algo puntual, a retomar el derecho a tarifa postal reducida para la circulación de los medios impresos, afectados por las altas tarifas que imponen las empresas de mensajería. Como debe propiciar, asimismo, el acceso de medios comunitarios y alternativos a laboratorios de grabación bien de radio o de televisión, además de posibilitar la compra de los instrumentos necesarios para ganar independencia y libertad en la producción y posproducción, así como en su difusión. Aporte que en todo momento debe llamar a la coordinación de esfuerzos entre varios para así evitar la dispersión de esfuerzos y de recursos, sin que ello garantice mayor y mejor producción comunicativa. ¿Puede ser la fundación de una cooperativa de medios comunitarios y alternativos la vía ideal para ello?
Retomando investigación y producción soberana en estos campos, no olvidar que los desarrollos tecnológicos que hoy vemos profundizarse cada día conllevan y se han traducido vía por ejemplo de los algoritmos, y por la manera como los priorizan imperios y demás países, en un mecanismo para ahondar el control social y llevar al límite la sociedad de la vigilancia, colocando la libertad en el filo de la navaja. ¿Cómo integrar esto en una ley de medios de manera que la comunicación no sea un canal abierto para que cada quién pierda su privacidad, y sea reducido a una mercancía más con la cual especulan los monopolios del ramo, sin quedar expuesto, además, al espionaje desplegado por los aparatos represivos del establecimiento?
Otro interrogante es, en este caso pensando en cómo potenciar a los medios alternativos y comunitarios (que deberían estar interrelacionados por iniciativa propia en redes y de esta manera hacerle el quite a su debilidad y potenciar sus fortalezas, una de ellas, la posibilidad de vínculo directo con la población de a pie) ¿cómo incluir en una ley de medios, sin que ello se transforme en camisa de fuerza ni instrumento de control y exclusión para el apoyo financiero institucional, el imperativo de coordinación, complementariedad, apoyo, etcétera de este tipo de medios? ¿Cómo estimular la solidaridad entre estos medios?
Como es conocido desdeabajo ha impulsado y buscado a lo largo de años la constitución de un Sistema Nacional de Comunicación Alternativa; ahora, tomando en consideración las expectativas despertadas por la realidad de un gobierno que se llama del cambio, y todo lo que ello implica para los actores sociales, ¿no sería el momento de asumir y concretar colectivamente ese reto? ¿Somos conscientes que ninguno de los así conocidos como medios alternativos o comunitarios tiene capacidad de desarrollar por si solo prensa en el sentido más amplio del termino, es decir, escrita, radial, visual, y a su par todo lo que implican y demandan las redes sociales, el principal de los factores comunicativas que hoy existe y con que hoy contamos?
¿Alguno de estos medios, por si sólo, tiene capacidad de atender, cubrir y desarrollar mensajes con atención al público adscrito a cada una de las redes sociales hoy existentes? Es claro que este solo particular ya demanda e implica constituirnos en sistema, en brindarnos solidaridad, en atender de manera autónoma, incluso sin esperar del gobierno ayuda alguna, el esfuerzo humano y productivo que todo esto implica.
Desarrollar información de punta, un reto imposible, mucho más si no se aborda con toda responsabilidad, es decir, que la producción esté soportada y garantice calidad, estética, veracidad, interrelacionamiento, y la utilización dinámica y creativa de lo mejor de la tecnología que hoy puede emplearse en este esfuerzo.
La discusión de una posible e ideal Ley de medios es una ocasión para ello, pero no debería ser la determinante, ya que ello debería partir de la conciencia de que sin complementarnos no dejaremos de ser marginales, esfuerzos atomizados por doquier contándole cada quien sus historias a reducidos y minoritarias grupos sociales. O reducidos, en algunos casos, a simples productos cargados de ideología que no tienen interés en llegarle a la mayor cantidad posible de gente sino en complacer a quienes los aceptan y consumen.
Estos son apenas algunos ejemplos de lo que implica y debe considerar una factible Ley de medios, en la cual el derecho a la pauta es solo un pequeño aspecto, y lo fundamental es todo aquello que tiene que ver con el presente y futuro de nuestro cuerpo social en campos como conocimiento, investigación, producción, desarrollo de saberes, garantía de lo público como soporte de la satisfacción de ciertos derechos humanos fundamentales, educación, pluralidad, relación público-privado, función del Estado, cultura y mucho más. Reto y debate por asumir entre todos y todas.
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