El pasado 4 de febrero, Nayib Bukele se proclamó vencedor de las elecciones presidenciales de El Salvador, anunciando su reelección sin ni siquiera esperar a que terminara el recuento oficial de los votos en medio de un proceso electoral cuanto menos cuestionable[1]. Aun así, volverá a gobernar el país centroamericano otros cinco años,y su partido, Nuevas Ideas, controla también la Asamblea Legislativa, con 58 de los 60 diputados, lo cual significa otros cinco años de control absoluto sobre todas las instituciones y poderes del Estado.
Bukele ha sido refrendado en las urnas a pesar de haber sorteado la prohibición constitucional que le impedía revalidar su candidatura y su polémico régimen de excepción, que ha suspendido un buen número de derechos civiles en el país y que ha encarcelado sin garantías procesales a más de setenta mil personas. Una situación que ha sido duramente criticada por la oposición que lleva tiempo acusando a Bukele de ser un peligro para la democracia en el país.
De hecho, ante las críticas sobre los recortes democráticos en El Salvador por una parte de la prensa y Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de derechos humanos, el vicepresidente Félix Ulloa declaró al periódico The Times que ambos (en referencia a Bukele) estaban “eliminando un sistema democrático que solo benefició a los corruptos y dejó al país con decenas de miles de personas asesinadas (…) A esta gente que dice se está desmantelando la democracia, mi respuesta es sí. No la estamos desmantelando, la estamos eliminando, la estamos sustituyendo por algo nuevo”.
Al poco de que Bukele se proclamara vencedor, las cancillerías occidentales tan proclives en denunciar los recortes democráticos en la región, en este caso se apresuraron en felicitar al reelecto presidente. En estos años, Bukele se ha convertido en uno de los principales referentes latinoamericanos de la ola reaccionaria global, participando este 2024 junto con Trump, Milei, Abascal y otros líderes de la ultraderecha internacional en la Conferencia Política de Acción Conservadora, uno de los principales eventos internacionales de la ultraderecha y el pistoletazo de salida de la campaña presidencial de Trump.
¿Pero quién es Bukele?
Nayib Bukele es un profesional del marketing, literalmente. Se trata de un empresario proveniente del sector de la comunicación cuya familia es propietaria de la empresa de publicidad Obermert, siendo famoso en todo el mundo por su obsesión por X (anteriormente Twitter): desde su llegada a la presidencia del gobierno, contrata, despide y da órdenes a través de la red social, lo que le ha valido el apelativo de presidente millennial. Un elemento que ha sabido potenciar para mostrarse como una cara irreverente frente al bipartidismo que vertebraba el sistema político salvadoreño del periodo post Acuerdos de Paz (1992) y al que acusa de corrupto y acabado. De hecho, el propio Bukele ha llegado a afirmar durante la conferencia de prensa de la votación de las últimas presidenciales que: “El Salvador jamás tuvo democracia”. Y añadió: “Esta es la primera vez en la historia que El Salvador tiene democracia”.
El inicio de la carrera política de Bukele comienza como alcalde del municipio de Nuevo Cuscatlán en 2012 bajo la bandera del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Su popularidad le facilitó acceder posteriormente a la Alcaldía de San Salvador, la capital del país, en 2015. Un paso que tradicionalmente ha sido previo a la candidatura presidencial en El Salvador. Pero una serie de discrepancias con el FMLN derivó en su expulsión del partido y en la fundación de Nuevas Ideas (2017), partido político de Bukele. En ese entonces, su indiscutible liderazgo se orientaba por ideas neoliberales en lo económico y de cierto asistencialismo en lo social, si bien discursivamente se colocaba como una fuerza sin ideología, favoreciendo ejes como anticorrupción y seguridad.
En las elecciones presidenciales de enero 2019, Bukele se tuvo que presentar como candidato por el partido GANA (Gran Alianza Nacional), una escisión del derechista ARENA (Alianza Republicana Nacionalista) y envuelto en casos de corrupción. Ésta fue la única alternativa de concurrir a las elecciones debido a todos los impedimentos que los órganos del Estado le pusieron para inscribir a Nuevas Ideas, a pesar de cumplir con todos los requisitos debido a la ofensiva abierta que el FMLN desató contra Bukele y Nuevas Ideas, lo que a la postre no hizo más que acelerar la creciente popularidad del ahora presidente. Finalmente, Bukele ganó las elecciones holgadamente con el 53,10 % de votos dejando muy por detrás al FMLN (el 20 %, con mas de un millón de votos desplazados hacia Bukele) y ARENA (el 22 % de los votos).
El fenómeno de Bukele surgió tras los fracasos de casi treinta años de gobiernos del turnismo entre los principales partidos. Unas décadas que se saldaron con tres presidentes perseguidos por la justicia por casos de corrupción, un incremento de las desigualdades sociales, el aumento de la migración/expulsión de los sectores más empobrecidos, promesas incumplidas de derecha e izquierda y, por supuesto, la expansión y fortalecimiento incontrolable de la violencia de las pandillas (maras) en todo el país. El Salvador llegó a ser reconocido como uno de los países más peligrosos del mundo. El fenómeno Bukele es el resultado de este contexto de miseria, desigualdades, corrupción y violencia.
El mesías evangélico
Bukele y su nuevo partido, Nuevas Ideas, construyeron su primera victoria presidencial sobre la base de un discurso de hostilidad hacia el statu quo (la partidocracia bipartidista, la política, la corrupción) y un voto de protesta. Pero su verdadero asidero social y base electoral han sido las iglesias evangélicas, construyendo desde entonces una auténtica alianza y devoción partidaria, al tiempo que han actuado como referentes de legitimidad social y progresivamente, se ha sustituido la ideología y la política por la retórica cristiana evangélica y la interpretación de la Biblia. No podemos perder de vista que El Salvador es uno de los países de Latinoamérica con mayor número de fieles de iglesias evangélicas, que tienen una importante implantación entre las clases populares por sus obras benéficas, su lucha contra la violencia estructural y contra la corrupción.
Un buen ejemplo de los intentos de Bukele por atraer a las iglesias evangélicas desde el inicio de su carrera presidencial fue la invitación a un grupo significativo de pastores evangélicos para presentar la creación, en caso de ganar, de una Secretaría de Valores. Una institución que acompañaría el esfuerzo que sobre el terreno hacen las iglesias evangélicas. Así, Bukele recibió la unción de parte de un grupo de pastores evangélicos, entre ellos, Romel Guadrón, pastor de la Iglesia Espíritu de Vida, el mismo que en su momento ungió al expresidente Elías Antonio Saca, el primer mandatario que rompió la tradición de que el jerarca de la Iglesia católica fuera el único en bendecir al gobierno entrante, incluyendo a un pastor evangélico. En el acto, el pastor Romel tomó la palabra para afirmar que venía en el nombre de Jesús a declarar al nuevo presidente de la República de El Salvador. “Quiero decirte que tú eres el hombre que Dios ha buscado para este país (…) créeme que es así, que no ungí a nadie más, que este caso es diferente; lo sentí en mi corazón”[2]. Con este acto, rodilla en tierra, Bukele confirmaba el apoyo de las iglesias evangélicas para su candidatura a la presidencia de El Salvador en 2019.
En julio de 2019, Franklin Cerrato, pastor evangélico destacado entre la comunidad migrante salvadoreña en Estados Unidos, organizó un encuentro de líderes evangélicos entre el Movimiento Pastores por El Salvador y la Latino Coallition for Israel (LCI). Entre los principales organizadores del evento con líderes evangélicos, estaba Mario Bramnick, uno de los pastores cercanos e influyentes en el círculo del entonces presidente Donald Trump. Bramnick es estadounidense de origen cubano y fundador de LCI, una organización cristiana sionista, con sede en Miami, que moviliza a líderes políticos y religiosos latinoamericanos para apoyar el reconocimiento de Jerusalén como el centro de la actividad política y religiosa de Israel. Además, es un activista antiaborto, contra la educación sexual y el reconocimiento y garantía de respeto a los derechos de minorías sexuales.
En el encuentro con Bukele, Bramnick tomó la palabra para afirmar que: “Estamos en una etapa de cumplimiento de la profecía de los 70 años. El tiempo de cautiverio de El Salvador se acabó, el Señor está levantando Ciros no solo en Estados Unidos, sino en Latinoamérica. Bolsonaro es un Ciro, el presidente Bukele es un Ciro para este tiempo, la mano de Dios está sobre él”[3], dijo, en alusión a Ciro el Grande, un rey persa que según la Biblia conquistó Babilonia y liberó a los judíos.
Al poco de ganar las elecciones presidenciales de 2019, Bukele viajó a Washington, en donde impartió una conferencia ante el ultraderechista laboratorio de ideas Heritage Fundation, y en la que prometió revisar la relación de El Salvador y China. Ahí asumió la responsabilidad de reducir la migración indocumentada, prometió un Estado pequeño y libertades novedosas para la empresa privada. A la salida del evento dijo también que Daniel Ortega y Nicolás Maduro “pueden irse despidiendo de sus aliados en El Salvador”. Todo para agradar a la administración Trump. Incluso el propio Bukele utilizó sus contactos con la comunidad evangelista norteamericana y cercana a los círculos de poder de la Casa Blanca para estrechar sus relaciones con la administración Trump, que amenazó con retirar las ayudas económicas a El Salvador. Es importante recordar que el exvicepresidente estadounidense Mike Pence y el exsecretario de Estado, Mike Pompeo, ambos cristianos evangélicos, han mantenido un estrecho lazo con Capitol Ministries. Ésta es una organización religiosa que los dos ex altos funcionarios del gobierno Trump han patrocinado desde la Casa Blanca y que se dedica a evangelizar a “líderes políticos del mundo” con el fin de que legislen según sus principios bíblicos[4].
En 2014, durante la campaña a la Alcaldía de San Salvador, Bukele se reunió con líderes de la comunidad LGBTI para prometer convertirse en un político “del lado correcto de la historia” para fortalecer los derechos de la población, en una clara referencia entre otras cuestiones al matrimonio igualitario. Cuatro años después, tanto en la campaña a las presidenciales como una vez ya presidente electo, ha dado pasos contundentes que han hecho saber al movimiento evangélico que su agenda moral era compatible con su pensamiento en cuestiones centrales como el apoyo al matrimonio heterosexual y su rechazo al aborto, demostrando que el ungido por los evangélicos sabe pagar sus deudas. El pastor Franklin Cerrato ha sido uno de los más insistentes lobistas para asegurar que el presidente se comprometía con los valores evangélicos profamilia y provida. Posterior a la unción de los evangélicos, y una vez electo presidente, invitó al pastor de la iglesia californiana RiverChurch, Dante Gebel, un rockstar entre los evangélicos, a compartir escenario con el Arzobispo de San Salvador durante el traspaso de mando para bendecir a su gobierno.
De hecho, el propio Bukele alcanzó resonancia internacional al poco de acceder a su primer mandato presidencial cuando en febrero de 2020 irrumpiera en el Palacio Legislativo con policías y militares y dispuesto a forzar los resultados de la sesión plenaria, decisión tomada tras “escuchar a Dios”. Después de un espectáculo propio de un telepredicador, se marchó declarando que “si quisiéramos apretar el botón, sólo apretamos el botón. Pero yo le pregunté a Dios y Dios me dijo ‘paciencia’. Paciencia, paciencia”.
Las referencias y guiños a las iglesias evangélicas pentecostales y neopentecostales han sido una constante a lo largo de su mandato. En el mismo discurso de celebración de su reelección presidencial, Bukele volvió a ofrecer su imagen más mesiánica, con constantes referencias a Dios como redentor de El Salvador y evidentemente, a él como el instrumento divino para esta redención. “Dios quiso sanar nuestro país y lo sanó (…) Déjennos dar la gloria (a Dios) si así lo queremos. ¿En qué les afecta, en qué les molesta? (…) Tal vez les afecta el ejemplo porque tal vez las poblaciones de sus países, a los que les han metido el ateísmo, vuelvan a creer en Dios”. Las referencias divinas no son, ni mucho menos, nuevas; le han acompañado a lo largo de su presidencia, en donde las poderosas iglesias evangélicas del país se han convertido en un pilar fundamental de su éxito y apoyo popular. Bukele ha establecido una relación simbiótica con el fundamentalismo evangélico, que se ha consolidado en sus años de gobierno y que, lejos de ser simplemente discursiva, es una alianza que da a las iglesias cuotas de poder y tratos especiales del Gobierno a cambio de sostener el apoyo popular y simbólico del presidente. En esta alianza reaccionaria, quienes pierden son los derechos de las mujeres, de las diversidades sexuales, el medio ambiente y las clases empobrecidas que son gobernadas con la Biblia. En la práctica, la interpretación de la Biblia tiene más peso que las leyes del país o la propia Constitución, como se puede ver en diputados y funcionarios oficialistas que gobiernan y legislan con discursos religiosos y justifican con esto cualquier decisión, aunque eso signifique tomar medidas anti-derechos, pero en nombre de Dios.
Así, el neofundamentalismo evangelista, al igual que con Bolsonaro antes, ha dotado de una base social, discursiva y electoral al fenómeno de Bukele. La importancia política de los evangelistas reside no solo en su crecimiento exponencial o en su tupida red de medios de comunicación, sino sobre todo en su inserción popular y la capacidad de arrastre de votos, lo cual está permitiendo dar un nuevo impulso y sobre todo nuevos votantes a los partidos conservadores en el conjunto del continente.
La inexistencia o muy débil presencia del Estado en los barrios populares latinoamericanos ha facilitado la implantación de las iglesias evangélicas con la práctica del llamado cristianismo del plato de arroz, al tiempo que aportan una asistencia de distinto tipo, desde el cuidado de salud o de los hijos hasta la búsqueda de trabajo, proyectos al desarrollo y/o construcción de iglesias, generando redes comunitarias de apoyo que de otra manera no existirían. De esta forma, las iglesias evangélicas han desplegado estrategias de contención de las fuerzas progresistas desplegándose con habilidad en los sectores populares y marginales donde estas fuerzas perdían gradualmente presencia y disputando el terreno tradicional de implantación de los movimientos de izquierdas como ninguna organización conservadora lo había realizado antes.
Asimismo, la popularidad de los templos y el elevado número de éstos en los barrios latinoamericanos es propiciada por el hecho que los fieles pueden abrir sus propias iglesias incluso como franquiciados de algún templo matriz. Esta estrategia de expansión les permite permear en distintas realidades sociales que pueden jerarquizarse según los contextos-países y los pliegues de clase dentro de ellos. Debido al profundo clasismo existente en estas sociedades, los sectores más marginales (indígenas, favelas, pandilleros) no tendrán acceso a cierto tipo de templo evangélico (debido a su ubicación, clase social y cuantía del diezmo exigido), que no sea la de su barrio o favela, lo cual facilita generar un dios de bolsillo, a la medida de las clases subalternas. Es decir, hay una adaptación en la práctica de la teología de la prosperidad respecto a las clases sociales, haciendo viable que las élites vean salvaguardados sus intereses a nivel macro, al tiempo que las clases empobrecidas y desesperadas encuentren salvoconductos y respuestas inmediatas. Todo bajo el paraguas común de la religión.
Por ejemplo, en Centroamérica, esa implantación barrial les permite aplicar su teología de la prosperidad con la finalidad de conversión con el rescate de pandilleros (el ministerio de restauración, como una misión específica de estas iglesias en contextos sociales marginados) y otra podredumbre, calificadas de enemigos públicos. De ahí que en países como El Salvador, Guatemala y Honduras las iglesias evangélicas y el evangelismo también se presenten como una respuesta efectiva a la violencia social, uno de los problemas más asfixiantes para las mayorías. Así mismo, con la finalidad de responder a estos contextos de violencia social, las implicaciones de esa práctica de fe incluyen el reavivamiento de la militarización y control social, que acompaña al resurgimiento del autoritarismo en la región. Esto conecta perfectamente y aporta una base popular al populismo punitivo de Bukele y sus derivas autoritarias.
El puniser salvadoreño
Bukele se vendía como una figura fresca, alejada del pasado político salvadoreño y por un muy fugaz momento, pudo haberlo sido, pero cualquier duda se despejó desde que asumió el cargo iniciando la consolidación de una personalidad mesiánica y aún peor, de aspiraciones autoritarias. Su gabinete más cercano ha estado formado desde su toma de posesión como presidente, por amigos, socios empresariales, exempleados e incluso familia, recayendo en el clientelismo servil que durante tanto tiempo ha adolecido el Estado salvadoreño. De hecho, una investigación del periódico El Faro sacó a la luz cómo, a pesar de que públicamente no tienen cargos formales, diez venezolanos conforman un círculo de poder en El Salvador que solo está por debajo del presidente, sus hermanos y otros parientes. Provenientes de la oposición de extrema derecha venezolana, están por encima del gabinete de ministros y a cargo de algunos de los planes más determinantes que se ejecutan en la administración salvadoreña. Un auténtico gabinete en la sombra que funciona como enlace entre el clan familiar Bukele, el Gobierno y el partido Nuevas Ideas.
El Salvador era uno de los países con mayor número de homicidios del mundo –nueve salvadoreños eran asesinados de media cada día–, desde hace décadas los diferentes gobiernos han buscado con políticas represivas la solución a la violencia causada en su mayoría por las maras o pandillas, pero solo han conseguido que la situación empeore. Bukele, al igual que el resto de los presidentes del país que le anteceden, ha hecho de la lucha contra la violencia de las pandillas uno de sus elementos programáticos estrella. El propio GANA, formado por exdiputados de ARENA y que Bukele utilizó como vehículo legal para presentarse a las elecciones, es un partido ultraconservador cuyo diputado más insigne, Guillermo Gallegos, llegó a defender a grupos paramilitares de exterminio como Sombra Negra y propuso armar a la población civil para que haga justicia por sus propias manos contra los pandilleros.
El populismo punitivo ha sido una tónica común en los distintos gobiernos de El Salvador, indistintamente de su color político. La diferencia está en que Bukele lo utiliza, aupado por su popularidad y apoyo social vinculado a las iglesias evangélicas, como una forma de reforzar el autoritarismo y personalismo de su gobierno al tiempo que ha acabado con la autonomía de los distintos poderes del Estado.
Durante la pandemia y amparados por la coartada de las medidas de confinamiento y contra la covid19, en una de sus cadenas de radio y televisión, Bukele pedía a los agentes de autoridad que doblaran brazos o muñecas a quienes no cumplían con la cuarentena y salieran a las calles. Aunque fueron las fotografías de cientos de presos salvadoreños tatuados usando solo ropa interior, apiñados en el piso de cemento en un abrazo forzado uno tras otro, las que dieron la vuelta al mundo como una imagen desgarradora del autoritarismo de Bukele. Ante la evidente amenaza de un contagio viral, y sin mencionar la clara vulneración de los derechos humanos de los reclusos, las imágenes parecían haber sido divulgadas sin autorización. Pero no, fueron difundidas por la oficina del presidente Bukele cuando anunció un estado de emergencia en las cárceles, en su lucha contra las pandillas. Un ejemplo paradigmático del populismo punitivo del gobierno de El Salvador a pesar de que sabía que esas imágenes traerían críticas desde el exterior pero que serían muy bien recibidas en el interior de un país asolado por la violencia de las pandillas.
El presidente decretó la emergencia carcelaria, aunque el procedimiento indica que ésta debe ser solicitada por la Dirección de cada establecimiento. A pesar de ello, diversas cárceles del país comenzaron a sellar con planchas de metal las puertas de celdas en donde están recluidos pandilleros. El propio Bukele lo anunció en su cuenta de Twitter de esta forma: “De ahora en adelante, todas las celdas de pandilleros en nuestro país permanecerán selladas. Ya no se podrá ver hacia afuera de la celda. Esto evitará que puedan comunicarse con señas hacia el pasillo. Estarán adentro, en lo oscuro, con sus amigos de la otra pandilla[5]”
La clave del populismo punitivo es crear una sensación de emergencia y de alarma social para convencer a la mayoría de la población de la necesidad de medidas excepcionales y no ordinarias para combatir la inseguridad ciudadana. Un intento de introducir en la sociedad una mentalidad bélica para solucionar los conflictos a partir de los conceptos enemigo interno y enemigo externo. De esta forma, el populismo punitivo se configura como la demanda, presuntamente popular, dirigida a los poderes públicos de más mano dura, de mayor eficacia ante el delito, de la que se desprende la continua acción represiva contra el diferente, estigmatizando al pobre y a la pobreza.
La demagogia punitiva de Bukele simplifica la solución de la inseguridad con más violencia estatal, haciendo incluso apología del asesinato, asegurando la impunidad de las fuerzas de seguridad y el ejército en el ejercicio de la violencia, trasmitiendo la idea de que la represión y la cárcel acabará con la delincuencia y la corrupción. Así, el fenómeno de las maras y las pandillas se aborda desde el fomento de una visión de que “el problema de la delincuencia son los individuos violentos en lugar de lo que el sociólogo Randall Collins llamó las “situaciones violentas’”.[6] Una visión individualizada de la delincuencia y los problemas sociales, que ignora unas raíces estrechamente ligadas con el empobrecimiento de la población tras décadas de ajustes estructurales neoliberales que han generado un contexto de violencia estructural.
De hecho, las políticas punitivistas del gobierno salvadoreño no están dirigidas ni contra las élites ni contra las clases medias, sino que tienen un claro corte de clase y están focalizadas en personas empobrecidas y barrios populares. Los mismos que por treinta años estuvieron bajo el control de las pandillas, y ahora están marcados por la represión del Gobierno y sus habitantes, son quienes llenan cementerios y cárceles. Porque, no nos engañemos, el populismo punitivo de Bukele ha supuesto más que una guerra contra las maras una guerra contra los pobres, que son los que han sufrido en carne propia sus políticas de recortes de derechos, encarcelamiento y muerte.
El estado de emergencia y la deriva iliberal de El Salvador
El primero en acuñar el concepto de iliberalismo fue el politólogo norteamericano Fareed Zakaria a finales de la década de los noventa. Zakaria lo definió como una forma de gobierno a caballo entre la democracia liberal tradicional y un régimen autoritario, un sistema en donde se respetan ciertos aspectos formales de la práctica democrática, como son por ejemplo las elecciones, pero se ignoran otros igual de fundamentales, como la separación de poderes, al mismo tiempo que se vulneran los derechos civiles. En los últimos tiempos, en los cuales la ultraderecha ha conseguido conquistar el poder en diferentes democracias liberales, hemos visto cómo se orienta hacia el camino iliberal: ataca la independencia de los jueces y los medios, desprecia el derecho de las minorías y socava la separación de poderes.
El ataque al Estado de Derecho y a las libertades de las minorías ha sido una constante en los diferentes gobiernos de la extrema derecha, desde Trump a Bolsonaro, pasando por Modi, Duterte, Bukele, Erdoğan, Orbán o Putin, todos ellos dirigentes que han hecho de los ataques a la democracia el leitmotiv de su acción de gobierno. De esta forma, durante los primeros años del gobierno Bukele, éste eliminó los contrapesos institucionales que pudieran existir. En 2021 logró que la Asamblea Legislativa estuviera conformada en su gran mayoría por miembros de su partido Nuevas Ideas, lo que aprovechó para reemplazar a los principales jueces de la Corte Suprema, permitiéndole, pocos meses después, reinterpretar la Constitución para legalizar la posibilidad de competir de nuevo por la presidencia.
En este sentido, la escasa resistencia a las pretensiones autoritarias de Bukele muestra el relativo fracaso de la consolidación de la democracia salvadoreña más de tres décadas después de la firma de los Acuerdos de Paz. Cuando Bukele llegó con su “fórmula mágica” para acabar con las pandillas, la palabra democracia significaba poco o nada para la mayoría. En ese vacío, las formas autoritarias y represivas tuvieron un impacto concreto y tangible en la vida de una gran parte de las y los salvadoreños: la reducción de la violencia y el aumento en la calidad de vida cotidiana de muchas personas. El Salvador cerró el año 2023 con una tasa de homicidios de 2,4 por cada 100.000 habitantes. Eso es mucho más que lo que recibieron en los últimos treinta años y, frente a eso, para esa mayoría, los costos que está pagando la democracia no parecen muy altos.[7]
El elemento clave en la supuesta guerra contra las pandillas ha sido el estado de excepción que Bukele decretó en marzo del 2022, por el cual se otorgó poderes a la policía y el ejército para perseguir y encarcelar a cualquier persona sospechosa de ser parte de las pandillas. Una auténtica quiebra del estado de derecho salvadoreño que ha supuesto más de 71 000 personas detenidas en un año y medio, lo que supone el 1,6 % de la población que ha llegado a estar privada de libertad sin garantías procesales ni respeto a los derechos humanos más básicos. De hecho, el propio gobierno salvadoreño ha reconocido oficialmente que al menos 6 000 personas han sido detenidas injustamente. Miles y miles de detenciones arbitrarias en donde destacan dos perfiles, la pobreza y la condición de clase de los detenidos, por un lado, así como el perfil de activistas y defensores de derechos humanos, por el otro. Una auténtica guerra contra los pobres y el tejido social salvadoreño. A esta situación se añade el aumento en los últimos años de personas desaparecidas, en su gran mayoría jóvenes y mujeres, que solo entre 2020 y 2022 se registraron en 4060 casos[8].
En la deriva iliberal de Bukele ha destacado su particular guerra contra la libertad de prensa, negándose a soportar ninguna voz crítica con sus políticas. Para ello el presidente ha utilizado tres estrategias para acallar la libertad de información en el país: el acoso, el espionaje y la judicialización de la prensa que no se ha plegado a sus designios. Así, ha sido frecuente escuchar a Bukele acusar a los medios independientes de tener fuentes falsas, engañar a la población y cometer ilegalidades como la evasión de impuestos y el lavado de dinero.
Un reportaje de la agencia Reuters reveló, en noviembre de 2022, que existía una “granja de trolls” al servicio del presidente. “una poderosa operación de comunicación que ha permitido a Bukele influir en lo que los salvadoreños leen, ven y escuchan sobre su gobierno como ningún líder anterior de El Salvador[9]”. Así mismo, el gobierno de Bukele, como otros en la región, también ha sido señalado por usar el software espía Pegasus, de origen israelí, para espiar a periodistas. De acuerdo con un reporte de la organización canadiense CitizenLab, se han confirmado 35 casos de periodistas y miembros de la sociedad civil cuyos teléfonos se infectaron con éxito con el software espía Pegasus de NSO entre julio de 2020 y noviembre de 2021. Una situación que se ha visto agravada desde la aprobación del Régimen de Excepción en marzo del 2022, que ha permitido al gobierno limitar las garantías constitucionales para, entre otras cosas, acabar con la confidencialidad de la correspondencia privada.
Además, el gobierno de Bukele ha criminalizado la acción de la prensa, a través de visitas de agentes policiales a oficinas de medios independientes con un objetivo meramente intimidatorio, la apertura de procesos judiciales contra algunos medios de comunicación. Así como la promoción de leyes que limitan el ejercicio de la libertad de expresión, como la que establece penas de prisión de 10 a 15 años a quienes, por medio del uso de las tecnologías de la información y medios de comunicación, transmitan mensajes originados o presuntamente originados por grupos criminales que pudieran generar pánico a la población. Vinculando de forma explícita a los medios de comunicación con las pandillas, estigmatizándolos, criminalizándolos y señalándolos ante la población como parte de sus objetivos en la supuesta guerra contra las maras.
El caso más emblemático de la persecución de Bukele a los medios es el del medio digital El Faro, toda una referencia en la región, que ha destapado numerosos casos de corrupción que afectan a la administración salvadoreña o que el propio Bukele había negociado con las pandillas, a pesar de que el presidente aseguró que nunca lo haría. Esto le ha valido todo tipo de acosos a sus trabajadores y la criminalización, con la apertura de una investigación por lavado de activos contra El Faro. Debido a esta situación, este medio ha tenido que mudar su estructura legal y logística a Costa Rica y algunos de sus periodistas se han exiliado, aunque continúa trabajando sobre el terreno en El Salvador.
El efecto imitación en el continente
La narrativa empleada por el propio Bukele, que hace alarde de una “aplastante victoria electoral” en su reelección como presidente de El Salvador, sumado a una autentica pandemia de violencia que padece el continente latinoamericano, ha afianzado una suerte de efecto contagio e imitación de sus políticas de populismo punitivo y recorte de libertades. La recién nombrada ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, afirmó a los pocos días de las elecciones en El Salvador que a su gobierno le “interesa adaptar el modelo de Bukele”. Pero no es la única: el alcalde de la comuna de La Florida de Santiago, Rodolfo Carter, ha encontrado en el populismo punitivo contra la delincuencia del narco un nicho político desde el que poder lanzar su candidatura presidencial. Así, ha propuesto demoler las supuestas casas de los narcos en su municipio, una iniciativa que no tiene ningún amparo legal y que es totalmente arbitraria pero que ha contado con el apoyo entusiasta de la televisión. Lo que le ha valido aparecer ante la opinión pública como una de las figuras de la lucha contra la delincuencia en Chile. En este sentido, el alcalde de Lima afirmó: “Bukele ha logrado un milagro en El Salvador”, alabanzas a las que se ha sumado el primer ministro peruano y jueces de la corte de justicia.
Pero estos no son ni mucho menos casos aislados, sino una tónica general que cada vez gana más adeptos de forma preocupante. En países vecinos a El Salvador, como Guatemala y Honduras, se han producido marchas ciudadanas en favor de Bukele. La ex candidata presidencial en Guatemala, Zury Ríos, hija del dictador Ríos Montt, afirmó en la pasada campaña que “El Salvador es un modelo a imitar”; mientras que el ministro de interior de Honduras dijo que “hay cosas que aprender de El Salvador”, un país que a pesar de tener un gobierno de izquierdas está siendo acusado por las ONG de derechos humanos de aplicar una política penitenciaria similar a la de Bukele. Así como por la aprobación de los llamados “estados parciales de excepción” para combatir el crimen en las zonas más inseguras de las ciudades hondureñas. El modelo Bukele se ha puesto en marcha en 120 comunidades, donde además se han suspendido las garantías constitucionales y se han movilizado a militares para establecer el orden. En este sentido, el ministro de la Seguridad de El Salvador afirmó en 2022 que se habían reunido con sus contrapartes guatemaltecas y hondureñas para explicar cómo funcionaba el plan de Bukele, diciendo: “Lo que hemos logrado en El Salvador está disponible para todos los países”.
Uno de los países latinoamericanos que más se está viendo afectado por el fenómeno de la delincuencia del crimen organizado es Ecuador, conocido por ser tradicionalmente uno de los países más seguros del continente, que se ha convertido desde la pandemia del coronavirus en uno de los más peligrosos. Una situación que ha llegado a ser calificada por su presidente Daniel Noboa como un “estado de guerra interno”, lo que le ha llevado a declarar el estado de emergencia permitiendo que los militares salieran a las calles a custodiar a ciudadanos e infraestructuras estratégicas en las principales ciudades del país. Entre las medidas anunciadas por el gobierno, se encuentra la construcción de dos cárceles de máxima seguridad, llegando a afirmar el propio Noboa que serán “igualitas (que las de El Salvador) porque es la misma compañía, el mismo diseño que hizo (para) las cárceles en México y El Salvador. Para todos los bukelelovers es una cárcel igualita. Si quieren ir, pasear, conocerla, quedarse una noche, cometan un crimen”.
Hasta tal punto que, ante la orfandad de líderes de la derecha colombiana después de la derrota electoral de las pasadas elecciones presidenciales, Bukele ha sustituido al ultraderechista Álvaro Uribe como inspiración para los sectores más ultras de la derecha colombiana como la senadora María Fernanda Cabal, que se ha declarado admiradora del mandatario. El semanario Semana de Colombia llegó a afirmar en un reportaje especial sobre el fenómeno Bukele que “el presidente de El Salvador es hoy el líder político más popular del continente y los expertos lo catalogan como una figura de talla mundial. Tiene apenas 41 años y lo que ha hecho en su país es considerado casi milagroso.”
La extensión del fenómeno Bukele de populismo punitivo no solo está permeando a los gobiernos o partidos conservadores, sino que atraviesa a cada vez más sectores populares y clases medias que, ante la disyuntiva de elegir entre una democracia vaciada de contenido después de décadas de shock neoliberal y el autoritarismo securitario, eligen la ficción securitaria. Expandiéndose de manera peligrosa la noción de que solo con medidas de emergencia y recorte de libertades se puede enfrentar el crimen organizado y la violencia. Esto supone, introducir en la sociedad una mentalidad bélica para solucionar los conflictos a partir del concepto de enemigo, una palabra clave en el pensamiento de uno de los grandes ideólogos del régimen nazi, Carl Schmidt. A partir de este concepto se edificó todo el derecho penal de la dictadura hitleriana: al enemigo ni se lo readapta, ni reintegra, ni resocializa, sencillamente se le abate, se le mata, se le vence, se le destruye. De esta forma, el populismo punitivo se configura como la demanda, presuntamente popular, dirigida a los poderes públicos de más mano dura, de mayor eficacia ante el delito, de continua acción represiva contra el diferente.
En esta lógica punitiva, la pobreza se construye como enemigo, pero el objetivo no es tanto acabar con la pobreza como acabar con los pobres. En este sentido, hemos pasado de atender la pobreza desde la extensión del Estado social a sustituirlo por un Estado policial. Ante la imposibilidad de solucionar la inseguridad derivada de las políticas de ajuste y austeridad, se problematizan fenómenos sociales como la migración o la pobreza. Problemáticas que se proponen resolver con mano dura, más policía, más cámaras o con más reclusos en las cárceles. La supuesta guerra contra la delincuencia y el crimen organizado es realmente una guerra contra los pobres. No podemos asumir la lógica de la guerra interna que solo trae más violencia, seguridades ficticias, recortes de libertades, criminalización y estigmatización de la pobreza y de los pobres.
Disputar el concepto de seguridad desde un prisma que rompa con la lógica punitiva para oponer un horizonte de derechos sociales es fundamental para poder responder desde una óptica de clase a las inseguridades y las violencias que generan las políticas neoliberales. Es clave impedir que las políticas punitivas atraviesen el tuétano de las clases populares estigmatizando la migración y la pobreza y favoreciendo la guerra de los penúltimos contra los últimos. Realmente, nos enfrentamos a una crisis de derechos que plantea una pregunta clave: ¿quién tiene derecho a tener derechos? Dependiendo de cómo respondamos a esta pregunta podremos o bien combatir o bien allanar el camino a la extrema derecha.
Pero tampoco podemos negar que el aumento de la violencia, que evidentemente tiene su origen en las fuertes desigualdades y en la destrucción de las economías locales por parte del neoliberalismo, es cada vez más un problema mayor en muchos países. El neoliberalismo expulsó fuera de la sociedad a amplias capas de las clases populares alimentando a maras, pandillas y, en definitiva, al crimen organizado, con un infinito número de hombres y mujeres que no han conocido otras opciones. Esta situación ha secuestrado cualquier posibilidad de democracia y ha favorecido la extensión del populismo punitivo, donde el ejemplo de Bukele es paradigmático.
En este sentido, el discurso de reparto de la riqueza, eliminación de las desigualdades y aumento del estado social es fundamental para encontrar cualquier solución a medio plazo. Pero en el corto plazo, puede sonar muy poco realista para afrontar los problemas de violencia que efectivamente sufre la comunidad en el día a día. La izquierda tiene el reto de presentar alternativas creíbles a la sociedad para enfrentar la violencia estructural que muestren un camino diferente al fenómeno del populismo punitivo de Bukele. Una solución que tiene que pasar por conseguir poner en práctica modelos de seguridad comunitaria como, por ejemplo, en algunas regiones de México o Ecuador. Ante la creciente violencia estructural, pensar en modelos de seguridad comunitaria se torna un elemento central, no solo para combatir la violencia sino para reconstruir los lazos comunitarios. Solo podremos vencer el fenómeno de Bukele consiguiendo ser una alternativa creíble a sus propuestas autoritarias.
02/Mar/2024
Por, Miguel Urbán, eurodiputado de Anticapitalistas, es miembro del Consejo Asesor de viento sur
Notas[1]El recuento fue polémico. Cuando las juntas receptoras de votos empezaron a registrar los resultados durante la noche electoral, la plataforma se bloqueó. Con el 70% de los votos presidenciales y el 5% de los resultados legislativos, el Tribunal Supremo Electoral declaró fallido el escrutinio preliminar. Las acusaciones de fraude aumentaron exponencialmente, sin mencionar las faltas de garantías en los procedimientos on line en el exterior o la posibilidad de votar con documentación vencida dentro y fuera del país.
[2]https://elfaro.net/es/201812/ef_foto/22762/El-ungido.htm
[3]https://www.lamalafe.lat/los-pastores-de-trump-tambien-tientan-a-nayib-bukele/
[4]https://elfaro.net/es/201908/internacionales/23554/L%C3%ADderes-evang%C3%A9licos-amparados-por-la-Casa-Blanca-exportan-agenda-fundamentalista-a-Am%C3%A9rica-Latina.htm
[5]https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202004281091253956-pandilleros-presos-en-el-salvador-permaneceran-en-celdas-selladas-y-junto-a-rivales–fotos/
[6] “La trampa neoliberal: ¿Individuos violentos o situaciones violentas?”, El faro académico, 15 de junio de 2023, https://elfaro.net/es/201503/academico/16717/La-trampa-neoliberal-%C2%BFIndividuos-violentos-o-situaciones-violentas.htm
[7]https://elpais.com/america/2024-02-05/bukele-reelecto-la-victoria-de-la-violencia.html
[8] Fuente: Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la Universidad Centroamericana (UCA). De acuerdo al OUDH los indicadores en el aumento de las desapariciones de jóvenes coincide con el periodo presidencial de Bukele.
[9]https://expansion.mx/mundo/2024/02/01/nayib-bukele-verdugo-libertad-de-prensa-el-salvador
Leave a Reply