Como estaba prevista por cuarta ocasión el Congreso del Perú había citado sesión para “discutir” la destitución del presidente Pedro Castillo por incapacidad moral.
La citación era reflejo de la intensa disputa política por la dirección del gobierno central que se desató con la clase dirigente tradicional del Perú –la derecha de distintos colores– desde el mismo momento que Pedro Castillo, un dirigente social del magisterio, y para ese momento miembro del partido Perú Libre (PL), fue electo presidente de su país.
Con una debilidad evidente desde el mismo momento en que asumió la dirección del país, en tanto no contaba con apoyos mayoritarios en el congreso, al tiempo que sin la voluntad política requerida para convocar y conseguir una acción gubernamental impulsada desde las bases de la sociedad, quedando en el limbo: sin gobernar por arriba ni por abajo. Su debilidad queda reflejada, además, en las constantes renuncias de integrantes de su gabinete.
Una debilidad y una ausencia de liderazgo que lo llevó a ceder cada vez más a los propósitos y al modelo de gestión de la derecha, pretendiendo con ello no ser destituido. Una contradicción también reflejada en las disputas que mantuvo con PL y que lo llevaron a ser expulsado de la organización del partido con el cual realizó la campaña electoral que lo llevó a presidencia del país. Expulsión que en su momento también recayó sobre su vicepresidenta Dina Boluarte quien hoy asumió en su reemplazo, y quien tomó distancia de Castillo este mismo miércoles 7 de diciembre al expresar en su cuenta de twitter: “Rechazo la decisión del Pedro Castillo de perpetrar el quiebre del orden constitucional con el cierre del Congreso. Se trata de un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley”.
El pulso
Pedro Castillo, como el mismo lo temía, fue destituido este miércoles por el Congreso, mediante la figura de la vacancia por incapacidad moral permanente, un par de horas después de que el maestro rural intentara disolver el Legislativo y decretar un Gobierno de excepción sin el respaldo para ello de la movilización social como tampoco de factores del poder institucional como las fuerzas armadas, que calificaron la maniobra de “autogolpe”.
Parece concluir así la débil y fugaz experiencia progresista en Perú, país en el que no se ha logrado perfilar con toda nitidez un proyecto político y social con la fuerza suficiente para enterrar la herencia del fujimorismo, el poder real del neoliberalismo y la debilidad de las fuerzas sociales de base que no alcanzan a darse la articulación indispensable para izar las banderas del cambio real que necesitan las mayorías marginadas, que son la mayoría en este país. Una realidad que le es favorable a la derecha tradicional y a los Estados Unidos que mantiene sin cuestionamiento alguno el tutelaje del país. El que las fuerzas mayoritarias en el Congreso hayan aceptado la asunción de Dina Boluarte como presidenta es un claro indicio de que a pesar de su trayectoria de izquierda, hoy está maniatada por los lazos tradicionales del poder.
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