Las centrales obreras argentinas protestan este 9 de mayo contra la media sanción del Congreso al proyecto de la llamada “Ley Bases” que impulsa el presidente. El texto busca eliminar una enorme cantidad de derechos para la clase trabajadora.
Lejos de los pronósticos que señalaban que iba a durar poco en el cargo o que el Congreso iba a bloquear sus iniciativas, Javier Milei parece avanzar sin mayores contratiempos en el ámbito institucional. El último día de abril, la Cámara de Diputados le dio media sanción a la llamada “Ley Bases” y al paquete fiscal del presidente. Ahora, las iniciativas se abren camino en el Senado. Se trata de dos proyectos que abarcan varios aspectos: cercenan derechos laborales, habilitan privatizaciones de empresas públicas, amplían beneficios impositivos para empresarios y otorgan facultades extraordinarias por un año al jefe de Estado, entre otras disposiciones.
El escenario es diferente en la calle, donde una inflación sin freno es el mayor indicador de una importante crisis económica. De acuerdo a la última medición, alcanzó el 107% en apenas cuatro meses y ubicó a la Argentina como el país con mayor inflación del mundo. Por su parte, el Gobierno de extrema derecha está decidido a liberar todos los precios, excepto uno: los salarios. Cada vez más deteriorados y con menos poder de compra, profundizan un fenómeno casi sin precedentes en la historia argentina, el bajo desempleo y alta pobreza.
Con este trasfondo, este jueves 9 de mayo se realiza la segunda huelga general desde que Milei asumió la presidencia el 10 de diciembre de 2023. Convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), la principal central sindical del país, también adhirieron la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).
A diferencia de la primera huelga del pasado 24 de enero, en la que se privilegió realizar una gran movilización, en esta oportunidad el objetivo es paralizar el país. Por eso los gremios de transporte no brindarán servicios durante todo el día, lo que sin dudas tendrá un impacto en el resto de los sectores.
“El paro para nosotros y nosotras es necesario y urgente, en el marco de lo que venimos padeciendo, que está totalmente relacionado con un una etapa neocolonial que intenta dejarnos sin ningún tipo de derechos al pueblo trabajador”, explicó a El Salto el dirigente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Daniel Tano Catalano.
Para el sindicalista, el Gobierno quiere generar “un marco legal para disciplinar al pueblo argentino y desprotegerlo de las leyes que lo pueden ir cuidando en este contexto, de desocupación y pobreza, paritarias intervenidas, sin un salario mínimo vital y móvil que se pueda constituir en una mesa de diálogo”. Por eso la huelga general “es una herramienta más que se tiene que llevar adelante como forma de autodefensa de organización de nuestro pueblo”.
El principal objetivo de la acción sindical es demostrar un amplio rechazo a las medidas de ajuste del Gobierno y presionar para que el Senado no apruebe finalmente la Ley de Bases. Los sindicatos hacen hincapié en su oposición al capítulo laboral de la iniciativa, la eliminación de la moratoria previsional —que impediría jubilarse a nueve de cada diez mujeres— y también a las privatizaciones de empresas públicas.
Legislar para los empresarios
Que la plataforma de Milei era abiertamente pro empresaria se sabe desde que el excéntrico economista saltó a la fama hace algunos años en los programas de televisión. Sin embargo, con menos de 40 diputados y apenas siete senadores, sonaba improbable que desde el Gobierno pudiera avanzar sin hacer concesiones importantes en el Congreso.
Tras un primer traspié en febrero, cuando la versión original de la Ley de Bases fue retirada por el propio partido oficialista ante el rechazo a algunos de sus artículos, ahora volvió con una versión más acotada, que sin embargo mantiene intacta la vocación de favorecer a las patronales. Negociada previamente con su aliado indiscutible, el PRO del ex presidente Mauricio Macri, y sumando el apoyo de la histórica Unión Cívica Radical (UCR), más algunos diputados del peronismo, la nueva normativa ya hizo la mitad del camino legislativo, al obtener el respaldo de la Cámara de Diputados.
Esta semana, comenzó a debatirse en comisiones especiales en el Senado. Y aunque el Gobierno confía en sus acuerdos políticos, algunos puntos de la iniciativa pueden sufrir modificaciones.
Uno de ellos es el que prevé la creación de un Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Aprobarlo aseguraría que aquellas empresas que inviertan más de 200 millones de dólares gocen de exenciones impositivas, beneficios aduaneros y libre disponibilidad de divisas durante 30 años. Es decir que, futuros gobiernos quedarían atados a este sistema.
Esos mismos inversores podrán importar libremente bienes de consumo, insumos y bienes de capital, lo que tendría un impacto muy negativo en la industria local. Esto quedó de manifiesto por las críticas al RIGI que realizaron entidades patronales como la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra).
El desguace del Estado, un sueño de los liberales en el poder, también se encuentra en el corazón del proyecto de Bases. Si bien, originalmente, Milei buscó privatizar todas las empresas bajo control público, las negociaciones con los partidos colaboracionistas y otros intereses, redujeron el listado considerablemente. El proyecto habilitaría la privatización total de Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina, Radio y Televisión Argentina —que gestiona la Televisión Pública y la Radio Nacional— e Intercargo (operadora terrestre de servicios aeroportuarios).
Otras cinco empresas pueden ser vendidas a empresas privadas o concesionadas. Es el caso de Agua y Saneamientos Argentinos, Correo Argentino, Corredores Viales, la ferroviaria Belgrano Cargas y la Sociedad Operadora Ferroviaria.
Aquellas que conforman el aparato energético, como Nucleoeléctrica, que administra las centrales nucleares, y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), solo podrían ser privatizadas parcialmente y el Estado deberá mantener el paquete accionario mayoritario.
Además, y por fuera del listado, de aprobarse la ley, Milei tendrá facultades extraordinarias por un año, que le permitirían legislar de facto en materia económica, financiera, administrativa y energética. Así, estaría habilitado para intervenir, vaciar y hasta eliminar cientos de organismos públicos.
Votar contra los trabajadores
Como si los beneficios para los empresarios no fueran suficientes, el proyecto ataca abiertamente a la clase trabajadora argentina con una reforma laboral integral que elimina derechos, algunos consagrados hace medio siglo en la todavía vigente Ley 20.744 de Contrato de Trabajo. Así, se busca avanzar nuevamente con las medidas que intentó imponer el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 y que fueron suspendidas por el Poder Judicial luego de una demanda de la CGT.
Un punto central de la pretendida “modernización laboral” es el paquete de normas que facilitan los despidos. Amplía el período de prueba para nuevos empleados de tres a seis meses, pudiéndose extender hasta un año en empresas de cinco trabajadores o menos; se reducen las multas y se garantizan moratorias a quienes tengan trabajadores no registrados (sin aportes previsionales, obra social o seguro laboral); y habilita la posibilidad de crear “fondos de cese” en reemplazo de las indemnizaciones, es decir: se descontará de los sueldos de los propios empleados un dinero que eventualmente cobrarán si la empresa decide despedirlos.
Otro aspecto preocupante es la creación de la figura del “trabajador independiente” que puede tener hasta cinco “colaboradores”. En los hechos esto supone una legalización del fraude laboral. Esta conversión sería devastadora: tal como informó la periodista Eugenia Rodríguez, el 55% de los trabajadores argentinos que están en la informalidad trabajan hoy en empresas que tienen hasta cinco empleados. De aprobarse la ley, ganarán el título de “formales” sin haber adquirido un solo derecho en el proceso, e incluso perdiendo aún más.
De acuerdo al discurso oficial del Gobierno y los defensores de la reforma, aplicar beneficios a las empresas, de forma indirecta, generaría una mejora en la creación de empleo y en la formalización del trabajo. Por su parte, el relajamiento de los derechos laborales permitiría incluir a más personas que hoy están en condiciones de informalidad. “Si bien parecen las dos caras de un solo argumento, en verdad son dos diferentes: porque a la hora de ver los contenidos de la reforma laboral podemos notar que todos los ítems están destinados a relajar protecciones por un lado y otorgar beneficios a empresas por el otro”, subrayó el abogado laboralista Juan Manuel Ottaviano.
“Tanto en el caso de la eliminación de las multas, como la ampliación del período de prueba y el fondo de cese, se puede ver que el objetivo es incrementar la rotación de trabajadores y, por supuesto, flexibilizar las protecciones laborales”, remarcó.
Ottaviano hizo hincapié también el caso del trabajador autónomo con colaboradores y explicó que actualmente las empresas y patrones independientes tienen que contratar como empleados a sus trabajadores, “pero según esta nueva figura podrían contratarlos como ‘independientes’ y que aporten por sí mismos a la Seguridad Social”. “Esta es una figura de deslaboralización”, sentenció.
Quizá el artículo de la Ley Bases que cosechó mayor repudio social sea aquel que elimina la moratoria previsional, un sistema que actualmente permite a las personas jubilarse aunque no acrediten los 30 años de aportes exigidos por la ley. Esta medida resulta especialmente perjudicial para las mujeres ya que según datos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), solo una de cada diez cumple los requisitos para jubilarse a los 60 años.
En gran medida, esto se debe a la expansión del trabajo informal o, en otras palabras, al incumplimiento empresario por no registrar a sus trabajadores y trabajadoras. Y a que, también, un amplio sector se dedicó durante toda la vida a las tareas de cuidado.
Si se aprueba este capítulo, las personas que no cumplan con los años de aportes podrán acceder únicamente a la Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM), que equivale a un 80% de la jubilación mínima, es decir poco más de 152.000 pesos o 169 dólares. Este número cobra otra dimensión si se tiene en cuenta que representa apenas la mitad de la Canasta Básica Alimentaria, que establece la línea de indigencia, y una quinta parte de la Canasta Básica Total con la que se mide la pobreza.
Todo conforma una reforma laboral regresiva y sin precedentes, que “tiene como particularidad el ataque brutal a la posibilidad de pensarnos en un marco de estabilidad”, sintetizó Catalano. Ottaviano coincide: “Este conjunto de políticas no están destinadas ni podrán en ningún caso crear beneficios para los trabajadores”.
9 may 2024
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