Poco, mucho o nada se parecen Bukele y nuestra alcaldesa de Bogotá. Pero lo cierto es que gracias a los medios de comunicación de la derecha global hace carrera como única perspectiva las mega cárceles como dispositivo de control penal total contra el crimen organizado o cualquier expresión de crimen multimodal. ¿Es posible otra(s) perspectiva(s) de seguridad que garantice(n) los derechos humanos de los integrantes de estructuras “criminales” y no sacrifique la seguridad ciudadana?
Mientras Bukele llama a los jóvenes salvadoreños pandilleros como “terroristas” y entrega un parte de derrota total de las maras, la derecha continental aplaude esta “eficaz” via de exterminio del enemigo interno. La alcaldesa de Bogota trina el día 8 de junio –día del estudiante caído– en la confrontación con estudiantes de la Unal, en la que un policía sale gravemente herido1 y los llama, primero, delincuentes, miembros de las disidencias de las Farc-ep y luego criminales, e invita al director de la Policía a que ingrese al campus de este centro de estudios, tal véz en línea con ¿una emulada lógica bukelista?.
El tema de la seguridad interna nacional hoy se debate entre respetar la democracia y la dignidad humana –léase derechos humanos fundamentales– o no hacerlo y mirar para otro lado como ocurre y ocurrió hace pocos días en el discurso de los cuatro años de Bukele frente a su país y ante organismos internacionales de cooperación. Afirma el presidente del país centroamericano, “[…] no tengo que repetir la historia, los salvadoreños saben como es vivir en un país controlado por terroristas, sin libertad sin esperanza y sin nada…”. Este argumento de legitimidad nos recuerda los tiempos de la seguridad democrática, con iguales argumentos (guardadas las proporciones) y se le sumaba que ¡!no podíamos viajar para visitar nuestras fincas¡! Lo que implican estas funestas propuestas populistas de derecha, nuestro país ya las padeció con la denominada seguridad democrática y es conocido de todos(as) el desenlace de esta perspectiva de seguridad y sus costos en materia de derechos humanos en general y en particular en vidas.
Algunos gobiernos y partidos de derecha en nuestra región están dispuestos a transitar este camino, e intentan justificarlo porque es necesario pasar por estas lógicas de seguritización, asi dicha lógica ponga en jaque el respetado Estado democrático de derecho. Estamos, por tanto, frente a una nueva forma de Estado autoritario que pondera entre seguridad y derechos humanos y opta por lo primero, indistintamente cuáles sean los costes democráticos o “daños colaterales”.
La seguridad nacional y los gobiernos de turno
Con el pretexto de una supuesta lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, la mal llamada “Seguridad Democrática” llevó a su máxima expresión los postulados de la concepción de enemigo interno sobre la base del desconocimiento del conflicto armado y social y la afirmación de que la principal amenaza contra la estabilidad del Estado y la democracia colombiana era el “terrorismo”. De acuerdo con esta nueva concepción, el enemigo debía ser enfrentado a través de diferentes estrategias políticas y militares que tuvieron como fundamento la estigmatización y persecución al opositor político. Siguiendo estas orientaciones, estudiantes, profesores, sindicalistas, campesinos, líderes sociales y defensores de derechos humanos, por el sólo hecho de ejercer el pensamiento crítico, fueron estigmatizados y señalados –a través de los medios oficiales de comunicación– como conniventes con el terrorismo.
Durante los dos mandatos del presidente Juan Manuel Santos (2010-2018), la Política Integral de Seguridad y Defensa, introdujo algunas modificaciones a las políticas de seguridad argumentando cambios en el escenario nacional y en las modalidades de acción de las organizaciones criminales. Se trató de un cambio de estilo más no de contenido, pues mantuvo los postulados fundamentales en términos del tratamiento represivo a los problemas de seguridad y el involucramiento de la población civil en el conflicto, basado en seis pilares fundamentales: mejoría sustancial de la inteligencia, fortalecimiento del mando y control, aumento de la coordinación e integración entre las instituciones responsables de la seguridad, protección estratégica de la población, aplicación estratégica de la fuerza, respeto por los derechos humanos y el derecho internacional.
Fue así que se impulsaron disposiciones en materia de seguridad que buscaron llenar los vacíos dejados por la política de Seguridad Democrática, sobre todo en lo que respecta a la llamada seguridad ciudadana, a través de un aumento de las penas asociadas con la alteración del orden público y la disminución de garantías a los procesados en relación con el allanamiento de inmuebles, vigencia de orden de captura, ampliación de plazos para la formulación de pliegos de cargos por parte de la Fiscalía y definición de flagrancia del delito. Así mismo, tras la firma de los Acuerdos de Paz (2016) y, poco antes de concluir su gobierno, el presidente Santos dio curso a la llamada Ley 1908 de 2018 o “Ley GAO” que se transformó en otro instrumento para la estigmatización y penalización de la protesta social, presentando acciones legítimas en el marco de la misma como planificadas y conducidas por los llamados Grupos Armados Organizados.
Medidas como la prolongación de los tiempos de aseguramiento que se extiende de 120 días a 500, y que, puede ser prorrogable por tres años más, han servido para deslegitimar la protesta social, por cuanto sirven para mantener la pena preventiva con privación de la libertad –sustentando una supuesta infiltración en la protesta, y en particular en las universidades, por parte de los Grupos Armados Organizados Residuales (Gaor) y del Ejército de Liberación Nacional (Eln)– sin que para ello medie la consumación del proceso que determine si existe responsabilidad sobre los hechos que son objeto de la acusación. Todo ello ocurre bajo una mirada estigmatizadora sobre quienes participan en acciones reivindicativas o en las movilizaciones, quienes son presentados oficialmente como “un peligro para toda la sociedad y en una mayor medida para los miembros de la Fuerza Pública”2.
Manteniendo este misma línea de continuidad con las políticas de seguridad del gobierno de Juan Manuel Santos, su sucesor, el presidente Iván Duque. refiriéndose a estos grupos anunció en su discurso de posesión que no iba a permitir “que los ‘disidentes’, que los ‘combos’, que los ‘clanes’ y las mal llamadas ‘oficinas’ sigan haciendo de las suyas en la Costa Pacífica, en nuestras fronteras y en ningún lugar del territorio”, y advertía que como máximo comandante de las Fuerzas Armadas y en coordinación con las autoridades judiciales actuaría en todo el territorio nacional para “desarticular esas redes de crimen organizado y llevarlas a la justicia, haciendo valer ese principio de “El que la hace, la paga”3
Haciendo eco de las políticas ultrarepresivas de la “Ley y el orden” y la “Tolerancia cero”, que recurren a la sanción penal como el método óptimo para garantizar derechos, y en un contexto donde amplios sectores de la sociedad se han visto afectados por las políticas neoliberales, se plantea entonces la seguridad como una las más altas prioridades del gobierno y la más importante preocupación de la gente. Entre los hechos que afectan la seguridad se incluyen aquellos que perturban la convivencia social, desde el consumo de alcohol en la calle hasta la realización de una protesta, pasando por el colarse en un Transmilenio, profundizando de esta manera la exclusión y la estigmatización social.
Este “giro punitivo viene acompañado de dos componentes fundamentales: el primero, el fortalecimiento de los centros penitenciarios y carcelarios, y, el segundo, la idea de la defensa social, donde se convoca a la acción colectiva para garantizar el control de esos focos de desorden.
El gobierno del cambio
En contravía de sus antecesores, el actual gobierno construyó, por primera vez en la historia nacional, una política de seguridad con participación ciudadana (entre los meses de septiembre de 2022 y enero del presente año, el Ministerio de la cartera realizó 21 encuentros territoriales y 43 nacionales para elaborar el diagnóstico) y no con la lógica y mirada exclusiva de expertos militares y civiles en el tema como se acostumbraba a realizar.
El resultado es la nueva política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana “Garantía para la vida y la paz 2022-2026” que, funda su razón de ser en el concepto de Seguridad Humana y tiene como propósito principal la protección de la vida. El cambio de perspectiva es notoria y como lo afirma el propio ministro de de defensa Ivan Velásquez en la introducción de dicha política, refiriéndose a la mutación del conflicto que se produjo con el Acuerdo de Paz, y en particular por la falta de copamiento territorial del Estado en las zonas de presencia de la extinta guerilla de las Farc-ep, la débil implementación del Acuerdo y por las estrategias de seguridad empleadas, derivó en la pérdida de los réditos logrados en dicho acuerdo en materia de disminución de la violencia y homicidios, así como en una multiplicación de actores criminales con presencia cada vez mayor en diferentes territorios, con evidentes afectaciones humanitarias y de seguridad ciudadana.
Frente a este acertado contexto, la perspectiva de la agónica seguridad democrática y sus vertientes se mueve y reintenta revivir en los discursos del centro democrático y de la alcaldesa de Bogotá, que pretende endilgar los problemas de seguridad ciudadana en Bogotá a la política nacional de Seguridad Humana. para ocultar así su ineficiencia frente al control que ejercen en la ciudad el crimen multimodal y las bandas de corrupción distrital.
Sin embargo existen varios desafíos del gobierno del cambio al respecto: 1. trastocar de fondo la política de Estado centrada en la seguridad con enfoque militar, que mantiene prácticas instituidas de la lógica de la doctrina tradicional del enemigo interno. Reconocer, en esta prolongación, que transformar una política de Estado no es tan fácil y la fuerza pública y la Dirección de Inteligencia en los meses que lleva este gobierno 2. no parece realizar giros sustanciales en las lógicas de persecución y hostigamiento.
Otro desafío, 3. es la trasformación interna de la fuerza pública a la nueva política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana, y el compromiso de acabar el Esmad –más allá de cambiar su nombre. En referencia solo a la Policía hemos visto los desaciertos y cambios cosméticos y de uniforme pero de fondo nada, a la fecha. Y lo que se puede constatar es una promesa abiertamente incumplida de extiguir esta fuerza letal de policía, como petición del estallido social y de los sectores populares y de jóvenes del país.
Otro tema pendiente, 4. es la dirección de inteligencia y sus prácticas de infiltración en la protesta social en el movimiento social y en las universidades públicas, de lo cual nada se dice y se mantiene la lógica de defensa social y la red de sapos. Existen otros tantos desafíos pero, sin duda, en el plano político retórico la derecha no piensa apartarse de la doctrina del enemigo interno y de todas sus nuevas expresiones, de ello sacará rédito político local, regional y nacional.
El problema detrás de la perspectiva entre Seguridad y Derechos Humanos que está en juego en nuestro continente, es determinante. Seguramente Bukele-Petro tienen en común el uso personalista e incluso excesivo de las redes para comunicar, pero lo que no tienen en común es que representan dos modelos de gobierno, sociedad y seguridad, esa es la equivocación en que no podemos caer. Lo de Bukele y sus seguidores(as) no se ajusta a un Estado democrático, míresele por donde se le mire.
1 Jhon Fredys Rodríguez, patrullero del Undmo –Esmad–, al ser alcanzado por un artefacto explosivo.
2 Instituto de Estudios Geoestratégico de Estudios Políticos. “El terrorismo de los infiltrados”. En: 2019-2020. Amenazas a la Estabilidad Nacional. Artículos de análisis y rigurosidad investigativa, con sustento documental para la memoria de Colombia. Bogotá: Editorial Neogranadina. Universidad Militar Nueva Granada, octubre, 2020, p. 127.
3 Discurso de posesión del presidente de la República, Iván Duque Márquez, recuperado de https://www.centrodemocratico.com/wp-content/uploads/2019/07/Discurso-de-Posesi%C3%B3n-del- Presidente-de-la-Rep%C3%BAblica.pdf
* Universidad Nacional de Colombia.
Sucríbase
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