Como nunca antes se había vivido, en municipios y regiones enteras la gente se rebela contra el modelo económico que se pretende imponer en nuestro país. Un modelo económico extractivista, primario, de lo más atrasado que se pueda imaginar.
Modelo que pretenden imponer sin importar sus consecuencias: desestimulan la producción industrial y la agricultura, reducen presupuestos para educación, ciencia y tecnología, debilitan y desarticulan la institucionalidad ambiental e igual proceden con la normativa ambiental y, a la par, garantizan la “seguridad inversionista” a grandes empresas extranjeras que llegan, con todas las facilidades, a explotar nuestros recursos naturales y el trabajo de los connacionales
No recuerdo nada parecido antes. No se trata de simples expresiones de inconformidad en manifestaciones callejeras. Estamos asistiendo desde hace algunos años a una gran movilización social y popular. Manifestaciones masivas en Bucaramanga para defender el páramo de Santurbán porque algunas empresas mineras pretenden explotar el oro que hay allí; multitudinarias marchas-carnaval en Ibagué desde hace nueve años contra el proyecto minero La Colosa de la multinacional AngloGold Ashanti en Cajamarca, el fenómeno social más importante en el Tolima en mucho tiempo; o las marchas-carnaval de los dos últimos años en el Quindío contra la megaminería, defendiendo el territorio, el agua y la vida, que han sido reconocidas como las movilizaciones ciudadanas más grandes en toda la historia del departamento. Y muchas otras acciones colectivas en varias regiones del país.
Algo novedoso, que llama la atención, es que hemos visto en la calle, promoviendo estas movilizaciones y participando en ellas, además de organizaciones ambientalistas, campesinas, indígenas, culturales y de jóvenes, a las Cámaras de Comercio y otros gremios y, más sorprendente aún, a alcaldes y gobernadores. Lo que está sucediendo es una verdadera rebelión contra el gobierno nacional.
Sumadas a las marchas callejeras, se adelantan acciones de carácter político y legal como las Consultas Populares, desgranadas por todo el territorio nacional. Piedras (Tolima. julio de 2013), Tauramena (Casanare. diciembre de 2013), y en 2017 se han realizado las de Cabrera (Cundinamarca. febrero), Cajamarca (Tolima. marzo), Cumaral (Meta. junio), Pijao (Quindío. julio), Arbeláez (Cundinamarca. julio), Jesús María (Santander. septiembre) y Sucre (Santander. octubre). Para el próximo 3 de diciembre se realizará una en Córdoba (Quindío) y alrededor de 45 más se preparan en otros municipios del país.
En este último departamento tenemos, además otros dos retos en próximos meses: Salento y Calarcá. Esta última resulta aún más exigente pues se trata de un municipio con 84 mil habitantes, lo que implica un umbral cercano a los 20 votos. Hasta ahora, Tauramena, con 22 mil habitantes, es el municipio más poblado entre todos aquellos donde ha tenido lugar una Consulta Popular.
Y hay mucho más. En un buen número de municipios se ha optado por prohibir las actividades extractivas (proyectos mineros) y la construcción de proyectos hidroeléctricos, mediante Acuerdos Municipales. Sucede, por ejemplo, en algunos municipios de Huila y Antioquia. Y en Calarcá, Quindío, se realizó el Festival Internacional de Caricatura “Megaminería, NO todo lo que brilla es oro”, que tuvo por objetivo llamar la atención a nivel nacional e internacional de nuevos sectores sociales sobre lo que está sucediendo con la minería en Colombia y en el Quindío, particularmente. En el festival participaron alrededor de 120 artistas de 42 países, presentando cerca de 600 trabajos. Ahora esas caricaturas se utilizan como material de divulgación y educativo para promover otros procesos de organización y movilización contra actividades mineras.
Algo en común que han tenido todas estas acciones es su carácter pacífico y el uso inteligente de lo simbólico. Y también el hecho de que se han dado en defensa del territorio, el agua, la vida, la dignidad y la autonomía territorial. Al parecer nuevos valores y referentes, nuevas reivindicaciones, motivan hoy a la gente a salir a la calle a manifestarse. Alguien comentaba hace unos días que la gente no está saliendo a la calle por problemas tan acuciantes como la salud, la educación, la falta de trabajo o la corrupción pero sí lo hace por estos nuevos motivos. Algo nuevo está sucediendo, sin duda.
Estos fenómenos sociales se presentan, además, como expresión de la indignación que siente la gente. Cuando en las regiones nos enteramos, hace ya como 9 años, de que buena parte de los municipios y departamentos estaban comprometidos en proyectos de gran minería, eso ya había sucedido cerca de 4 años atrás y, como lo hemos podido comprobar, en muchos casos, ni las autoridades locales ni las regionales estaban enteradas de lo que sucedía. Y es que desde Bogotá el gobierno nacional, de la mano de grandes empresas mineras, habían tomado decisiones sobre los territorios, es decir, sobre la vida y futuro de sus habitantes, sin consultarles, sin informarles siquiera y recurría a mentiras, engaños y la fuerza misma para imponer tales decisiones. El Gobierno ha actuado como si se tratara de baldíos de la nación, como si los territorios no estuvieran habitados por ciudadanos con derechos, ni hubiese en ellos autoridades qué respetar. Esto indigna a cualquiera.
Indignante también ha sido ver a agentes del Estado, a empleados públicos, Ministros, Presidente de la República, tratando de desconocer el mandato del constituyente primario y el significado de estas movilizaciones y de los resultados de las Consultas Populares que en ninguna parte han bajado del 96 por ciento de votos rechazando la gran minería.
Indigna ver al gobierno nacional, así como autoridades de diversa índole, más preocupadas por los intereses de las empresas mineras que por los derechos de la gente, la calidad del ambiente y nuestro patrimonio natural. Indigna ver a la Policía Nacional y, en no pocas ocasiones al Ejército Nacional, reprimiendo a quienes protestan y cuidando los intereses y los bienes de las empresas mineras en los lugares donde establecen sus proyectos. Indignan actuaciones del Gobierno que contrarían la Constitución Política, e indignan las amenazas del mismo Gobierno de que se modificaran las normas que regulan la participación ciudadana con el objetivo de restarles fuerza y posibilidades.
No sabemos si se trata de la reforma constitucional de 1991, que empieza a “encarnar” en las prácticas ciudadanas o si, simplemente, se trata de la reacción desesperada de grupos humanos ante la agresiva acción de las empresas mineras y el Gobierno sobre sus territorios. O si son las dos cosas a la vez. Lo cierto es que nuevos asuntos preocupan hoy a la opinión pública.
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