En las propuestas de reformas, o programas políticos, sucede con frecuencia que es mucho más importante lo que se omite, lo que se invisibiliza o subvalora, que lo que se propone. Esto sucede en la actual propuesta de reforma a la Ley 30.
Los olvidados en esta reforma son los jóvenes pobres, de bajos niveles socioeconómicos, cuyas necesidades de formación postsecundaria no encuentran referente alguno ni fuentes de financiación en la reforma propuesta. Es enorme la dimensión cuantitativa de esta necesidad y es urgente su solución.
En efecto, cada semestre aumenta el número de egresados del nivel medio, la mayoría de ellos provenientes de estratos bajos; con necesidades de formación postsecundaria, algunos en las universidades tradicionales, la mayoría en ofertas postsecundarias de educación técnica moderna que los capacite para su inserción positiva en el mundo del trabajo. En 2010, unos 600.000 jóvenes egresaron del nivel medio. La mayoría no puede comprar educación privada, pocos desean endeudarse para comprarla, y muchos no desean una formación académica larga sino una formación técnica de calidad que los empodere para el trabajo. A estos miles de jóvenes hay que añadirles los cerca de 2,3 millones que no han recibido formación laboral en los años anteriores, según datos del Ministerio de Educación Nacional (MEN).
Lo anterior significa que la mayoría de egresados del nivel medio, que no pueden comprar educación superior privada ni competir por los pocos cupos en las universidades públicas ni ingresar a los programas titulados del Sena, acceden al mercado de trabajo sin calificación ni competencias laborales, generalmente al sector informal, al rebusque y también a trabajos terminales de baja productividad y baja remuneración. Todo ello caldo de cultivo de delincuencia, narcotráfico, prostitución y otras formas socialmente negativas de subsistencia.
Es inconcebible que una necesidad social tan importante haya sido ignorada en la política de educación superior y no haga parte explícita de la reforma propuesta al sector. En Colombia no ha sido organizado un ‘sistema público postsecundario de formación técnica’ u otras modalidades de formación para el trabajo, de carácter público. Sólo hay nueve instituciones técnicas (4 nacionales, 2 departamentales y 3 municipales) para atender las necesidades de formación de cientos de miles de jóvenes egresados del nivel medio, y que no pueden o no quieren comprar educación privada o continuar estudios académicos en los pocos cupos disponibles de las universidades públicas. Es claro que esta inmensa necesidad y demanda no puede ser cubierta por la oferta privada, como se propone en la reforma a la educación superior.
Por otra parte, es necesario plantear el problema de la ‘calidad’ y pertinencia de la educación técnica privada. La mayoría de los programas técnicos y tecnológicos de las instituciones privadas se concentran en unas pocas áreas de baja inversión y sobresaturadas en el mercado: en contaduría, administración financiera, sistemas, ventas, mercadeo y afines. Son muy pocos los programas técnicos y tecnológicos en áreas modernas relacionadas con las nuevas tecnologías, pues requieren inversiones altas en equipos, laboratorios e infraestructura, inversiones que en muy pocos casos son realizadas por instituciones privadas y que redunden en alto costo para el estudiante.
El sistema postsecundario de formación técnica que se propone es común a la mayoría de las naciones y asume diversas denominaciones: community colleges, politécnicos, technical colleges, regional colleges, hogescholen, institutos de educación técnica postsecundaria, etcétera. En algunos países, la matrícula en estas instituciones es de 50 u 80 por ciento del total en la educación superior, y cumplen una importante función social y económica, la formación técnica de la mayoría de los jóvenes, y la mayor productividad y modernización del sector productivo.
En Colombia no se tiene este sistema público de formación técnica postsecundaria. Tampoco es suficiente la oferta de cupos en las universidades públicas en relación al número creciente de bachilleres y a los de años anteriores que vuelven a demandar cupos. En 2008 sólo había 184.568 matriculados en el primer año, para 934.199 inscritos. En ese mismo año, el total de matrículas en instituciones públicas y privadas fue de 423.709, lo que arroja un déficit de 510.485 en relación al número de inscritos en ese año (SNIES)1.
Este déficit es cada vez mayor debido al aumento de la demanda, por el mayor número de egresados del nivel medio y el congelamiento desde hace 18 años (1992) del presupuesto de las instituciones públicas de educación superior. Por otra parte, el porcentaje del PIB destinado a estas instituciones ha disminuido de 0,52 por ciento en 2000 a 0,32 en 2007 (Contraloría General de la República, 2008).
Dado que la mayor parte (90 por ciento) de los aspirantes a educación superior se presenta a universidades públicas, sus escasos cupos son altamente competidos (4,5 aspirantes por cada cupo ofrecido). En la Universidad Nacional de Colombia, la tasa de absorción en 2007 fue sólo de 8,6 por ciento en general, de 5,6 en la sede Bogotá y de 3,5 en algunas carreras (Medicina, algunas Ingenierías)2.
Por otra parte, la oferta de oportunidades de educación superior está altamente concentrada en pocas carreras largas y en escaso número de áreas del conocimiento. Un 80 por ciento de la matrícula se concentra en pocas áreas (Administración, Contaduría, Economía, Derecho, Ingenierías y formación de docentes), únicamente 2,5 en Matemáticas y Ciencias Naturales, y 1,5 en Agronomía, Veterinaria y afines. SNIES-MEN, 2009.
Es muy escasa la diversificación de instituciones y programas de nivel superior, y la mayor parte de las instituciones es de carácter privado: de 79 universidades, sólo 33 son públicas; hay otras 111 ‘instituciones universitarias’, todas privadas, sin rango ni estatus de universidad. En lo referido a la formación técnica y tecnológica postsecundaria, hay 41 instituciones técnicas, de las cuales únicamente nueve son públicas. Hay 51 instituciones tecnológicas, de ellas sólo 12 públicas (SNIES-MEN. 2009). Ello señala la escasez de oportunidades postsecundarias de educación universitaria y de formación laboral, para la mayoría de egresados del nivel medio que no puede comprar educación privada.
Esta estructura tradicional de la oferta, o sesgo a favor de carreras universitarias largas, limita y reduce las oportunidades a los estudiantes. En Bogotá, por ejemplo, el 95 por ciento de los cupos ofrecidos en universidades públicas corresponde a carreras largas, de 4 o 5 años de duración nominal, y 5 o 6 de duración real, que requieren dedicación de tiempo completo, lo que dificulta enormemente la articulación de estudio y trabajo, por lo cual se excluye de la educación superior a muchos jóvenes de menores ingresos que necesitan trabajar par autofinanciarse sus estudios. En 2008 egresaron del nivel medio 88.000 jóvenes. Otros 120.000, aproximadamente, de otras partes del país acuden a esta ciudad en busca de oportunidades de educación superior, lo cual implica una demanda de aproximadamente 200.000 aspirantes en una ciudad donde sólo se ofrecen 14.080 cupos en universidades públicas. Pero sólo 1.000 o 1.100 de estos cupos se ofrecen en carreras cortas, propedéuticas, lo que genera una alta demanda (6:1) por estos pocos cupos. El resto de cupos corresponde a carreras largas, tradicionales, que excluyen a estudiantes pobres que no pueden esperar mínimo 4 o 5 años para generar ingresos.
¿Qué oportunidad
de postsecundaria
hay para estratos bajos?
La siguiente es la situación típica para la mayoría de egresados del nivel medio, provenientes de familias de menores ingresos:
a) Han recibido educación pública generalmente de mala calidad (modalidad general académica), de escaso o nulo valor ocupacional y que tampoco otorga ventajas comparativas en la competencia altamente selectiva, debido a los escasos cupos ofrecidos por las universidades públicas. A estos estudiantes pobres se les ofrecen, desde el nivel medio, programas de ‘articulación’ con instituciones técnicas, mayormente privadas, a las cuales sólo puede acceder –y pagar– una pequeña minoría de egresados, lo que de nuevo señala las limitaciones en cobertura por parte del sector privado y la necesidad urgente de un sistema público postsecundario de formación técnica.
b) A esta situación hay que añadir la alta concentración geográfica de oferta de programas e instituciones en tres áreas territoriales: 58 por ciento de los programas técnico-profesionales y tecnológicos y el 48,1 de los profesionales universitarios son ofrecidos en las tres entidades territoriales que concentran el 38 por ciento de la población entre 18 y 24 años.
c) Aquellos pocos que puedan y quieran endeudarse para comprar educación superior privada (crédito ACCES)3 se concentran en instituciones privadas de baja calidad y estatus académico, y generalmente en programas percibidos como de alta rentabilidad, por tanto sobresaturados en el mercado4. Estos estudiantes de crédito ACCES tienen una alta tasa de deserción, lo que implica el doble perjuicio de haberse endeudado por ser pobre y tener que pagar una deuda sin finalizar los estudios. Una vez termine los estudios la primera cohorte de estudiantes ACCES se podrá analizar su empleabilidad y su capacidad de pago del crédito educativo, y el efecto real de la estrategia de crédito educativo, o subsidio a la demanda, en la igualdad social de oportunidades educativas5.
Esta situación de alta inequidad social para egresados de bajos ingresos tiende a agravarse en los próximos años debido al continuo aumento en sus tasas de cobertura y graduación en el nivel medio, y también a la escasez de ofertas públicas de formación postsecundaria. Esta necesidad fue olvidada en la reforma propuesta a la Ley 30. No se encuentran referentes ni fuentes de financiación para la educación pública postsecundaria de carácter técnico con destino a la gran mayoría de jóvenes egresados del nivel medio. Por el contrario, la opción es privatizar el financiamiento a cargo de las familias, para lo cual se refuerza la estrategia de crédito educativo subsidiado (artículos 115 a 122).
Los artículos sobre financiación de la educación superior pública (101 a 107) se refieren básicamente a las universidades y las pocas (9) instituciones públicas técnicas existentes. Los grandes olvidados en la reforma propuesta son los cientos de miles de jóvenes de bajos ingresos, para quienes no hay oportunidades públicas postsecundarias de formación para el trabajo.
La reforma propuesta a la educación superior no se orienta a crear una sociedad más democrática, con mayor igualdad social de oportunidades, con mayor inclusión social y laboral de los jóvenes más necesitados de oportunidades. Por el contrario, es una política de mayor privatización por el doble efecto de la escasez (déficit) de ofertas públicas en relación a la alta demanda y por el recurso al endeudamiento de las familias.
Los innegables requerimientos de mayor cobertura (mayormente de bajos estratos) son un problema que se espera superar con educación privada y mediante el endeudamiento de las familias. Además, favorece el ingreso de instituciones nacionales y multinacionales privadas con ánimo de lucro, cuya mayor competencia favorece a sectores medios y altos, y sólo marginalmente a sectores de bajos ingresos.
Las necesidades de educación postsecundaria de los jóvenes pobres del país continuarán siendo olvidadas y relegadas, con profundos efectos negativos sobre la paz social, el trabajo productivo y la legitimidad del sistema político. Colombia no merece este lamentable destino.ν
* Departamento de Sociología, Universidad Nacional, abril 4 de 2011
1 El SNIES no ofrece datos actualizados de matrículas, inscritos, etcétera, para 2009 y 2010. Abril 2011.
2 “Estadísticas e Indicadores de la UN. 2007”. Revista de la Oficina Nacional de Planeación Nº 13, 2008. Bogotá.
3 Línea de crédito educativo subsidiada para estratos 1 a 3. Icetex. Aproximadamente el 9 por ciento del total de estudiantes. www.icetex.gov.co.
4 Más del 80 por ciento de los estudiantes de estratos 1 a 3, con crédito ACCES, está matriculado en instituciones privadas. La gran mayoría –o la totalidad– de estos estudiantes no pudo competir por los escasos cupos, altamente selectivos, en las universidades públicas.
5 Ver: Gómez, V. M. & Celis, J. “Crédito educativo, acciones afirmativas y equidad social en educación superior”. Revista de Estudios Sociales Nº 33, agosto de 2009, pp. 107-117. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de los Andes, Bogotá. http://res.uniandes.edu.co.
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